El engaño de una pensión - Esteban Biba
Olga Urrea, enfermera guatemalteca de 60 años, en la sala de su casa, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala. Olga trabajó por más de 40 años en el sector privado y en la informalidad; a cinco años de llegar a la edad de jubilación que la ley guatemalteca estipula, aún no puede gozar de ese beneficio, pues es la principal responsable de la economía de una familia de cinco personas.
Por más 30 años se ha dedicado a cuidar ancianos en la informalidad; ayuda principalmente a personas con movilidad limitada o a quienes se están recuperando de enfermedades graves. Asimismo, trabajó por 10 años en un hospital en que el patrono nunca aportó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) lo que le correspondía por ley.
Se divorció hace 16 años y desde entonces se convirtió en el apoyo económico de sus tres hijas. En la actualidad, es el soporte de su hija menor y de sus tres nietos, de 17, siete y un año.
En diciembre del 2017 se casó su hija mayor, Gabriela, quien es abogada, y ayudaba a mantener la economía del hogar por lo que obligo a Olga quedarse solo con su hija menor y los tres nietos y ser solo ella el soporte económico.
Sin el aporte económico de Gabriela, Olga, su hija menor y nietos tuvieron que abandonar su hogar para iniciar una nueva vida en el municipio de Villa Nueva, que está catalogado como uno de los más violentos y que se encuentra, además, lejos de sus colegios, trabajos y amigos. Se mudaron porque pagarían menos renta y dejaron el lugar donde construyeron su vida por muchos años.
Olga vive con la incertidumbre de no tener asegurado su futuro, sin una pensión o manutención o ingresos para gastos médicos. Sigue contribuyendo al sustento de sus nietos y a pagar sus colegiaturas, que cada año aumentan y la mantienen agobiada. Con los años el cuerpo de Olga va resintiendo la rutina del trabajo y ahora se suma el tráfico de la Ciudad de Guatemala, en el que pasa más de cinco horas al día para trasladarse a los hogares de los ancianos donde realiza su trabajo.
A sus 60 años, Olga debería trabajar 7,300 días (20 años) en la formalidad y aportar al IGSS para conseguir una pensión. En un país donde la esperanza de vida es de 72 años, pronto su cuerpo requerirá atención médica regular y medicamentos que no podrá costear.
